viernes, 27 de abril de 2012
La industria se enfrenta a un nuevo ciclo de reducción de emisiones por la vía del correctivo económico. Con el objetivo europeo de disminución de las emisiones de CO2 (un 20% en 2020) como puntal básico de la política de lucha contra el cambio climático, se abre un nuevo periodo en el sistema de comercio de derechos de emisión; entre 2013 y 2020 la Unión Europea recortará de forma notable las toneladas de dióxido de carbono que las instalaciones incluidas en ese sistema pueden liberar a la atmósfera sin coste alguno. A partir de 2013 la industria tendrá por tanto que apretarse el cinturón y reducir sus emisiones o comprar las toneladas de dióxido de carbono que vierta a la atmósfera en subastas organizadas por los estados o en el mercado de derechos de emisión. En Huelva, ese nuevo periodo de lucha contra el CO2 se traduce en una reducción a menos de la mitad de los derechos de emisión gratuitos: pasan de los 5,57 millones que hubo en 2011 a los 2,44 millones que tendrán las instalaciones onubenses en 2013 (-56%).
Así se recoge en la propuesta que el Ministerio de Medio Ambiente acaba de sacar a información pública, el penúltimo paso antes de cambiar el régimen de comercio de derechos de emisión. Este sistema nació en el año 2005 como una fórmula para lograr una reducción de las emisiones industriales mediante la obligación de pagar por ellas en el caso de sobrepasar los derechos gratuitos (asignados por el Gobierno) y con ventajas para las instalaciones más eficientes al poder vender los derechos que no utilizasen. Hasta 2007 dio sus primeros pasos en un periodo en el que la asignación de derechos gratuitos cubría en gran parte de las instalaciones la totalidad de las toneladas de CO2 emitidas. Entre 2008 y 2012 se aplicaron criterios más estrictos, rebajando las emisiones gratuitas, pero la crisis económica restó efectividad a la medida; de hecho, muchas empresas han hecho de la venta de derechos de emisión una forma de ingresos ante los fuertes descensos de producción (y por ende, de emisiones) registrados en los últimos años, de forma que la venta no se ha relacionado con reducciones de la contaminación.
Ahora está a punto de abrirse un periodo aún más restrictivo, que entre 2013 y 2020 pretende poner el grano de arena europeo en la lucha contra el calentamiento global: se compromete una reducción del 20% de las emisiones europeas para 2020 sobre las registradas en 1990. De ahí viene la reforma del sistema de comercio de derechos de emisión, que incluye un reparto según criterios prefijados por la Comisión Europea, un nuevo sistema de subasta de derechos (que supondrá a priori ingresos para los estados) y el mantenimiento del sistema de comercio para adquirir más permisos aún.
Durante un periodo que finalizó el pasado año las instalaciones susceptibles de ser incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisión presentaron sus propuestas para recibir una asignación gratuita. El documento que se daba a conocer ayer es la propuesta de asignación que sobre esa documentación presentada ha elaborado Medio Ambiente, en la que se incluyen 13 instalaciones onubenses, la gran mayoría del Polo Químico.
Las industrias incluidas en el listado que Medio Ambiente enviará a Bruselas podrán emitir esas 2,4 millones de toneladas de forma gratuita, pero el reparto ha sido desigual. En primer lugar, en este nuevo periodo de comercio de derechos de emisión las eléctricas se quedan fuera: no se les asignan derechos gratuitos, salvo por el calor producido. Resultado: se quedan sin asignación tanto el ciclo combinado de Endesa como el de Gas Natural Fenosa, dos de las instalaciones que más CO2 producen en la provincia. Otra de las grandes instalaciones de Huelva y por tanto gran emisora, la refinería La Rábida de Cepsa, ve caer a la mitad la asignación gratuita entre 2011 y 2013. Y en una serie de instalaciones los derechos van disminuyendo a lo largo de los años, pasando de cubrir el 80% de las emisiones históricas (las comprobadas en años anteriores) a solo el 30%. En cambio, otras como Atlantic Copper o Cepsa Química ven crecer sus derechos en el nuevo periodo.
¿A qué se deben esos cambios? Según explica la responsable de proyectos de la empresa Factor CO2, Iria Flavia Peñalva, el sistema de asignación de los derechos ha cambiado. En primer lugar, "se toma como referencia la producción histórica de la instalación, en lugar de la previsión". Otro elemento que se incluye en el cálculo es la cantidad de emisiones por tonelada de producto en el 10% de instalaciones más eficientes del sector en Europa, que se toma como parámetro para la totalidad del sector: se premia así la eficiencia. Además, se tiene en cuenta el posible perjuicio para las empresas que están incluidas en el comercio de derechos respecto a sus competidoras de países fuera del mismo; en caso de que se considere "que se perjudica la competitividad internacional se da una cifra estable, si no es así, la cifra va cayendo desde el primer al último año".
En total, las instalaciones onubenses emitieron 4,3 millones de toneladas en 2011, un año además de baja demanda para las eléctricas pero también difícil para el sector petrolero. Con esa cifra (que deberá crecer) como referencia, las empresas hubieran tenido que comprar 1,94 millones de toneladas en subastas o en el mercado europeo de derechos. Ayer la tonelada de CO2 estaba a 7,13 euros de coste: en esos parámetros las industrias tendrían que emplear 13,64 millones de euros en la compra de permisos. Una cifra que se espera que sea mayor en el nuevo escenario, con menos derechos para vender y en el que se recupere la actividad económica. Eso si no se repite el escenario actual, en el que los países europeos hablan incluso de retirar derechos del mercado.
Fuente: Huelva Información
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