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El BCE y el BEI estudian cómo favorecer la lucha contra el cambio climático

martes, 17 de marzo de 2020 | Mitigación

 

La presidenta del Ejecutivo comunitario, Úrsula von der Leyen, lo ha llamado el momento «hombre en la luna». El club comunitario pretende convertirse en adalid de la lucha contra el cambio climático y conciencia global del planeta y ser el primer continente económicamente neutral en el año 2050, a pesar de que sus emisiones suponen tan sólo el 9% del total del globo terráqueo. Y por eso, todas las políticas europeas deben teñirse de verde, lo que también incluye la banca. Nada ni nadie puede escapar a esta revolución.

El primero en mover ficha ha sido el Banco Europeo de Inversiones (BEI) que, en noviembre del año pasado, decidió dejar de financiar combustibles fósiles a finales de este año. Según la nueva normativa, los proyectos que soliciten préstamos al BEI deben probar que pueden producir un kilovatio hora de energía mientras emitan menos de 250 gramos de dióxido de carbono. En la práctica, esto supone que las centrales eléctricas tradicionales ya no podrán acceder a los créditos blandos que otorga este banco público europeo sufragado con garantías de los Estados. Una exclusión que no atañe a la energía nuclear, lo que ha desatado las críticas de los ecologistas. El BEI es actualmente el prestamista multilateral más importante del mundo y se espera que esto sólo sea el principio. La mitad de las operaciones del banco hasta el año 2025 se dedicarán a financiar proyectos contra el cambio climático y la entidad también se compromete a movilizar un billón de euros entre 2021 y 2030 para el mismo fin. El ejecutivo comunitario confía en la labor de este banco, para movilizar los recursos necesarios en un momento en el que los Estados se resisten a rascarse el bolsillo en el marco del nuevo marco presupuestario 2021-2027 en unas negociaciones marcadas por la tensión y la incertidumbre.

 

Bonos ecológicos

El Banco Central Europeo también está estudiando una nueva estrategia para favorecer los denominados «bonos ecológicos» en su política monetaria. La institución con sede en Frankfurt quiere incorporar los peligros del cambio climático a sus análisis sobre la economía europea, pero también analiza cómo eliminar de manera gradual los activos ligados al carbono y favorecer los bonos de energías limpias. Según un informe del grupo de expertos New Economics Foundation, las entidades monetarias de Europa, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, China y Suiza poseen de manera conjunta más de 12.000 millones de dólares y bonos en acciones expuestas a carbón.

Pero puede que Lagarde no tenga el camino expedito. La oposición llega, una vez más, del Bundesbank, la entidad monetaria alemana. Antes incluso de que Lagarde sustituyera a Mario Draghi, su presidente Jens Weidmans dejó clara su postura en contra de utilizar privilegios específicos para los colaterales de estas inversiones o la política expansiva de la entidad «un QE verde» para este fin. «Tales decisiones no deben ser tomadas por los bancos centrales, porque no están legitimadas democráticamente», declaró Weidman, cuya ortodoxia impidió que se convirtiera en el sucesor de Draghi.

El experto Thomas HaleT ya avisó desde las páginas del Financial Times la dificultad de señalar si esto contraviene o no el mandato del Banco Central Europeo ya que los tratados no son concluyentes sobre esto último. Aunque la prioridad de la entidad monetaria es la sacrosanta estabilidad de precios, de manera secundaria aparece la función de «apoyar a las principales políticas económicas de la Unión» y quizás Lagarde puede agarrarse a este principio para emprender su particular revolución, aunque la ex directora gerente del Fondo Monetario Internacional también ha precisado que la entidad monetaria no puede sustituir la labor de los Estados.

Hale también expone que uno de los interrogantes reside en si la entidad monetaria debería estar involucrada en determinar la manera en que el mercado valora el peligro climático de manera apropiada, lo que le llevaría a introducir este elemento en su marco sobre colaterales.

De momento, la incertidumbre en algunos aspectos es la nota dominante. El Ejecutivo comunitario se reserva la posibilidad de aumentar el objetivo de reducción de gases con efecto invernadero de aquí al año 2030. Actualmente, el objetivo es del 40% mientras Bruselas pondera que esta meta pueda incrementarse al 50% o 55%, como modo de conseguir la neutralidad climática en 2050 y que los objetivos puedan ser revisados cada cinco años de cara al periodo 2030-2050.

 

Fuente: La Razón