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España es uno de los países con los impuestos medioambientales más bajos

jueves, 11 de abril de 2019 | Mitigación

El 5 de abril, la Comisión Europea publicó la segunda Revisión de la Implementación Ambiental (EIR), parte de su iniciativa lanzada en 2016 para mejorar la implementación de la política ambiental europea y las reglas comúnmente acordadas en todos los Estados miembros de la UE. “La plena implementación de la legislación ambiental de la UE podría ahorrar a la economía de la UE alrededor de 55 mil millones de euros al año”, ha subrayado Karmenu Vella, comisario de Medio Ambiente de la UE.

La implementación de la legislación y la política ambiental de la UE no solo es esencial para un medio ambiente sano, sino que también abre nuevas oportunidades para el crecimiento económico sostenible, la innovación y el empleo. La plena implementación de la legislación ambiental de la UE podría ahorrar a la economía de la UE alrededor de € 55 mil millones cada año en costos de salud y costos directos para el medio ambiente.

Karmenu Vella, comisario de Medio Ambiente, Pesca y Asuntos Marítimos, ha declarado que "la Comisión Juncker tiene el compromiso de construir una Europa que proteja. Nuestra prioridad es velar por que nuestros ciudadanos tengan una gestión del aire, el agua y los residuos de la mejor calidad posible, y por proteger nuestro capital natural. La Revisión de la Aplicación de la Política Medioambiental ayuda a los Estados miembros en esa tarea ofreciéndoles la información y los instrumentos que necesitan".

La Revisión pasa revista al estado de las políticas medioambientales y la aplicación de las normas en cada país de la UE para determinar las causas de las deficiencias en su ejecución. “Se trata de contribuir a dar con soluciones antes de que los problemas se tornen urgentes y de ayudar a los responsables nacionales indicando qué prioridades requieren su atención”, señala la Comisión Europea en nota de prensa. Todos los Estados miembros han utilizado el programa P2P, creado en 2017, que facilita el aprendizaje recíproco entre las administraciones responsables de medio ambiente.

El paquete consta de 28 informes por países en los que se da cuenta del estado de aplicación de la legislación europea en materia de medio ambiente y las posibilidades de mejora en cada Estado miembro y una Comunicación que saca conclusiones, define tendencias comunes a toda la UE y formula recomendaciones para introducir mejoras en todos los Estados miembros, incluidas medidas prioritarias clave.

Situación actual en los principales sectores

Según la Revisión, 18 Estados miembros siguen registrando altos niveles de emisión de óxidos de nitrógeno (NOx), y 15 deben seguir reduciendo las emisiones de partículas (PM2,5 y PM10). Dadas las consecuencias de la contaminación atmosférica para la salud, y en línea con su Comunicación de mayo de 2018 «Una Europa que protege: aire limpio para todos», la Comisión ha entablado una serie de diálogos sobre el aire puro con varios países de la UE, además de proponer medidas más específicas de control de la aplicación.

Aunque en general se haya reforzado el marco político de la economía circular, la prevención de residuos sigue suponiendo un gran reto para los todos los Estados miembros. En materia de gestión de residuos, nueve países siguen la trayectoria adecuada y cinco han cumplido los objetivos sobre reciclado, pero en 14 peligra la consecución del objetivo de reciclado de residuos municipales para 2020. Unos sistemas sólidos y eficaces de gestión de los residuos son uno de los componentes esenciales de nuestra economía circular.

En cuanto al agua, queda mucho por hacer hasta alcanzar todos los objetivos de las Directivas sobre el agua y, en particular, el de alcanzar un buen estado de nuestras masas de agua en 2027. Dos de cada tres Estados miembros siguen sin tratar adecuadamente las aguas residuales urbanas. Para cumplir los objetivos, es fundamental aumentar la inversión. Los fondos de la UE seguirán respaldando los esfuerzos de ejecución.

En lo que respecta a la protección de la naturaleza y la biodiversidad, la red Natura 2000 ha seguido ampliándose. La UE ya ha superado el objetivo de definir el 10 % de sus zonas costeras y marinas como zonas marinas protegidas de aquí a 2020, tal como establece el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Pero la mayoría de los Estados miembros debe acelerar sus esfuerzos por completar y gestionar la red Natura 2000.

En materia de cambio climático, los Estados miembros han avanzado considerablemente a la hora de poner en vigor la legislación, y es probable que se llegue a las metas de 2020. No obstante, tanto en los Estados miembros como en la UE en general hay que intensificar los esfuerzos por cumplir los compromisos internacionales en el marco del Acuerdo de París y evitar las peores consecuencias del cambio climático.

La Revisión de la Política Medioambiental ha generado una nueva herramienta —el programa de aprendizaje entre iguales— destinado a animar a las administraciones responsables de medio ambiente de los Estados miembros a aprender de las experiencias de las demás a través de las fronteras. Desde su puesta en marcha, todos los Estados miembros han participado como mínimo en un evento sobre economía circular, calidad del aire, regulación de la madera, naturaleza y biodiversidad o calidad del agua.

Además, la Revisión aborda determinados factores clave que, como la gobernanza medioambiental, podrían mejorar considerablemente la aplicación de la normativa. La Comisión llama a los Estados miembros a mejorar la integración de los objetivos medioambientales con los de otras políticas, a mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública y a ser más transparentes a la hora de facilitar información de interés medioambiental. También hay margen para una mayor participación de las administraciones regionales y locales y otras partes interesadas a la hora de abordar los principales retos en materia de aplicación de la normativa.

España lejos de alcanzar los objetivos de reciclado de residuos municipales 2020

Según indica la Revisión, en España se han realizado progresos “considerables” en materia de economía circular. En nuestro país, el Gobierno ha establecido una estrategia nacional de economía circular, aún en fase de adopción, y muchas comunidades autónomas también han adoptado o están elaborando estrategias autonómicas. No obstante, según el informe de alerta temprana de la Comisión de 2018, España está todavía lejos de alcanzar el objetivo de la UE de reciclar el 50% de sus residuos urbanos en 2020.

Además, señala que España sigue siendo uno de los Estados miembros de la UE con los impuestos medioambientales más bajos. “Hay claramente margen para revisar los impuestos medioambientales, principalmente en los sectores del transporte y la energía, pero también en los ámbitos de la contaminación y el uso de los recursos. Por ejemplo, los impuestos viales municipales no siempre reflejan el comportamiento ambiental de los vehículos gravados. También podrían estudiarse nuevas opciones en los sectores de los residuos y el agua. Los impuestos sobre el depósito de residuos en vertederos pueden ser una herramienta de apoyo al tratamiento de los residuos municipales. Es necesario un nuevo enfoque para la política española de tarificación del agua, que debe revisarse para mejorar la gestión del agua, un problema clave en el país”.

Contexto

El primer paquete de la Revisión de la Aplicación de la Política Medioambiental se adoptó en febrero de 2017. La Revisión de la Política Medioambiental se integra en la política de la Comisión para la mejora de la legislación, centrada en mejorar la aplicación de la legislación y las políticas vigentes.Desde su adopción, muchos Estados miembros han organizado diálogos nacionales sobre revisión de la aplicación de la política medioambiental articulados en torno a los temas prioritarios indicados en sus respectivos informes. En muchos casos han participado las administraciones regionales y locales y las principales partes interesadas. Cuando las normas aprobadas de común acuerdo no se aplican correctamente, la Comisión puede emprender acciones judiciales. Para evitarlo, la Comisión colabora con los Estados miembros para que puedan aplicar mejor las políticas y normas medioambientales a través del proceso de Revisión de la Aplicación de la Política Medioambiental.

 

 

Fuente: Economía Circular