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España tendrá su propia Comisión de Expertos para la transición energética

viernes, 14 de febrero de 2020 | Mitigación

 

Con la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética aparecerá una nueva figura que ya existe en otros países. Se trata del Comité de Cambio Climático y Transición Energética, que según señala el artículo 34 del borrador del anteproyecto, será «un órgano responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas».

Entre sus funciones se incluirá la elaboración anual de «un informe que será remitido al Congreso de los Diputados y sometido a debate en el mismo, con la participación del Gobierno».

Pese a que podría duplicar el cometido del actual Consejo Asesor de Medio Ambiente, a los representantes de los principales grupos ecologistas les parece muy positivo. «La fórmula elegida para intentar garantizar la independencia del Comité y sus miembros, en su nombramiento y en el ejercicio de sus funciones es muy positiva» señalan fuentes del Consejo Asesor, «se reconoce que existe en la actualidad una gran preocupación social sobre el nombramiento y actuación de los organismos independientes y por ello, se insiste en las máximas garantías al respecto, sobre todo en cuanto a la ausencia de influencia partidista. En consecuencia, en cuanto al marco de independencia (Artículo 33.2), es imprescindible que las garantías incluyen la independencia de cualquier interés de un partido político u organización asociada».

Por eso, han recomendado que para mejorar la Ley de Cambio Climático, «que el papel consultivo y asesor del Comité se debería especificar y detallar más, para dejar claro la obligación del Gobierno de consultar el Comité y valorar motivadamente su opinión en varias circunstancias, en particular antes de: revisar los objetivos del Artículo 3 (Objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética); aprobar o revisar el PNIEC o adoptar las medidas asociadas y aprobar o revisar la Estrategia de Bajas Emisiones y preparar el informe anual al Congreso; desarrollar nuevos instrumentos para el fomento de la energía renovable y actualizar o modificar la planificación eléctrica».

También señalan que este Comité debería poder valorar «el PNACC (Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático) y sus correspondientes programas de trabajo y planes sectoriales; poder elaborar informes periódicos sobre riesgos climáticos y adaptación y decidir sobre su periodicidad; determinar necesidades presupuestarias en los Presupuestos Generales del Estado y en los autonómicos; adoptar una estrategia de financiación climática internacional y en el seguimiento de los compromisos e impactos asociado; y revisar la normativa y tomar determinadas decisiones en materia de eficiencia energética entre otros ejemplos».

Por eso piden que esa figura «debería contar con un secretariado técnico, con presupuesto suficiente para encargar estudios y cubrir los gastos necesarios para el desarrollo de las funciones del Comité y su secretariado».

El Comité sobre Cambio Climático (CCC) británico es un organismo independiente, establecido por la Ley de Cambio Climático de 2008, y su propósito es el asesoramiento al gobierno y a las administraciones delegadas sobre los objetivos de emisiones e informar al Parlamento sobre el progreso realizado en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la preparación para el cambio climático. Está formado por expertos en cambio climático, economistas, científicos, ingenieros y representantes del sector empresarial.

El objetivo es que ese Comité será independiente, similar al británico, con recursos para poder hacer bien su trabajo y que su valoración se tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas, y es necesario porque estamos en un contexto de eclosión de las energías renovables en todo el mundo, no ya por una cuestión ambiental sino por razones puramente económicas y de competitividad. España debe aumentar sus objetivos de reducción de emisiones de CO2. Mientras en Bruselas se está debatiendo aumentar hasta el 55% sus objetivos de 2030 respecto a 1990, en esta Ley el gobierno solo ambiciona el 20%.

No todo en la transición energética va a venir de los proyectos renovables más clásicos. También habrá que contar con más autoconsumo, más generación distribuida, la incorporación de los agregadores de la demanda o la eficiencia energética en la mayoría de los sectores económicos. Por tanto, los objetivos en reducción de emisiones y en generación renovable pueden ser mucho más ambiciosos que los propuestos por el actual Gobierno.

 

Fuente: El Periódico de la Energía