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La Eurocámara da su aprobación final a la reforma para hacer más verde la política agrícola

miércoles, 24 de noviembre de 2021

 

El pleno de la Eurocámara ha aprobado este martes de forma definitiva la reforma para hacer la política agrícola común (PAC) más verde y más compatible con la lucha contra el cambio climático, que entrará en vigor en 2023. Ahora, España debe enviar a Bruselas antes del 31 de diciembre su plan estratégico para explicar cómo gastará las subvenciones, al igual que el resto de Estados miembros.

La PAC sigue siendo la política que acapara la mayor partida del presupuesto comunitario, alrededor del 30% del total. Durante el periodo 2021-2021, las ayudas agrícolas ascenderán a 378.000 millones de euros.

España es el segundo país beneficiario de estas subvenciones, sólo por detrás de Francia. En total, recibirá en los próximos siete años 45.200 millones: 37.400 millones en pagos directos a los agricultores y 7.800 millones en fondos para el desarrollo rural, según los datos de Bruselas. Estos importes ya se pactaron en la cumbre presupuestaria de julio de 2020. En nuestro país hay 630.000 perceptores de ayudas agrícolas. 

Según establece la reforma aprobada, los Estados miembros deberán consagrar al menos el 25% de los pagos directos a medidas medioambientales y climáticas. Es decir, un total de 48.000 millones de todo el presupuesto europeo.

Además, al menos el 35% de los fondos para desarrollo rural deben destinarse también de forma obligatoria a prácticas que ayuden a conservar el medioambiente, luchar contra el cambio climático o mejorar el bienestar de los animales. Se crea una nueva reserva agrícola dotada con 450 millones al año para financiar medidas de mercado en tiempos de crisis.

Por primera vez, la nueva PAC incluye una condicionalidad social. Es decir, los beneficiarios de las ayudas agrícolas tendrán que respetar una serie de normas laborales y sociales de la UE para poder recibir las subvenciones. Asimismo, los Estados miembros deberán redistribuir al menos el 10% de los pagos directos a las explotaciones más pequeñas, en detrimento de los grandes latifundios. También se fija un mínimo del 3% de los pagos directos que deben destinarse obligatoriamente a los jóvenes agricultores (menores de 40 años).

 

Fuente: Comisión Europea