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Zonas de bajas emisiones, una apuesta imprescindible

viernes, 05 de marzo de 2021 | Mitigación

 

El sector del transporte fue el responsable del 29% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de España en 2019, según los últimos datos oficiales disponibles del Ministerio para la Transición Ecológica. El transporte realizado por carretera es el que más contribuye a estas emisiones siendo responsable del 26,8% del total.

La negativa tendencia al alza en las emisiones provenientes del transporte (dejando al margen la disrupción, probablemente coyuntural, creada por la pandemia de Covid-19 en los últimos eses) eclipsa las reducciones conseguidas en otros sectores y pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos de lucha contra el cambio climático y, por tanto, dificulta avanzar en la descarbonización de la economía.

Además del CO2, principal gas responsable del calentamiento global del planeta, los óxidos de nitrógeno (NOx) y las partículas (PM) son contaminantes atmosféricos altamente nocivos para la salud pública, cuya incidencia es especialmente preocupante en los núcleos urbanos. Aunque se han producido desarrollos tecnológicos y aprobado regulaciones que han contribuido a su disminución, su concentración sigue siendo elevada. En la mayoría de las ciudades se superan constantemente los valores marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Revertir esta situación es un reto. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia debe ser el impulso definitivo a una transformación enmarcada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la futura Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte.

Hasta donde sabemos, las zonas de bajas emisiones serán uno de los pilares fundamentales dela nueva movilidad urbana en España ya que su implantación será obligatoria en, al menos, todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes para 2023, según señala el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en fase de tramitación parlamentaria. Actualmente, solo están implementadas en Madrid y Barcelona, cuyos ayuntamientos se vieron obligados a ello al haber vulnerado la normativa europea de calidad del aire.

Dos años es tiempo suficiente para que a nivel nacional se elabore una normativa común de mínimos sobre Zonas de Bajas Emisiones y a nivel local una planificación que promueva una intervención transversal ambiciosa, con objetivos a corto, medio y largo plazo. Los ayuntamientos deben planificar sus zonas de bajas emisiones con la ambición de llegar a convertirlas en cero emisiones más que en simples parches para cumplir con la Ley.

Estas zonas son una herramienta clave para reducir la contaminación atmosférica, las emisiones de CO2, proporcionar a las ciudades espacios más habitables. Son una apuesta por la salud de los ciudadanos, sirven para devolver las calles al peatón, reducir el vehículo privado, promueven un urbanismo sostenible, sensibilizan y educan en pro de la sostenibilidad, y priorizan la movilidad activa y el transporte público. Cada ciudadano tiene derecho a disfrutar de esta transformación y esta calidad de vida en su lugar de residencia.

Ante la obligatoriedad de implementar Zonas de Bajas Emisiones, sería poco coherente no unificar criterios y requisitos, al menos unos básicos, respetando las competencias locales, que permitan una estandarización de estas zonas. Sin entrar en comparativas, los ejemplos de Madrid y Barcelona ya reflejan dos modelos distintos. En dos años no deberíamos ver un mosaico de zonas de bajas emisiones, ni unas que no sirvan para nada. Tamaño, funcionalidad, criterios comunes de acceso y elementos transversales son ejes fundamentales.

A la hora de poner en marcha una regulación de estas zonas, un elemento en el que revisiblemente se coincida, como así ocurre en Madrid y Barcelona, es en la utilización de un sistema de etiquetado ambiental de los vehículos(como el actualmente diseñado por la Dirección General de Tráfico) como criterio de acceso a las mismas. Reformarlo y actualizarlo es imprescindible para lograr los objetivos ambientales en ciudad. Para ello es necesario incluir el criterio de las emisiones de CO2 de los vehículos y no solo las de NOx.

Además, más allá de una simple restricción del tráfico, las administraciones están a tiempo de planificar una intervención complementaría y ambiciosa. Peatonalizaciones, infraestructura ciclista, reverdecimiento de la escena urbana, espacios destinados a la movilidad compartida, espacios distribuidos para una logística de última milla electrificada, zonas de estacionamiento temporal para vehículos compartidos de cero emisiones, distribución de puntos de recarga públicos y renovación de las flotas de transporte público podrían ser algunas de las medidas a implementar.

 

Fuente: La Vanguardia